Xalapa, Ver. – De acuerdo con Conavim, existe un rezago de 66% en el cumplimiento de medidas específicas de prevención, seguridad y justicia en el Estado.
Esto, coloca a la entidas, como una de las que tienen mayor rezago en la atención de las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, presentadas el 23 de noviembre de 2016 y el 13 de diciembre de 2017.
Diseñada como una “alerta temprana” que permitiera frenar todo tipo de violencia contra las mujeres, la Conavim concluye que a 13 años de su existencia legal en el país, ningún procedimiento de AVGM alcanza más del 45% de avance.
Cabe destacar que, hasta el mes de junio, Veracruz cuenta con un dictamen y un porcentaje de 34% de avance de cumplimiento de las medidas establecidas en las resoluciones de declaratoria de AVGM.
Al mismo tiempo , Colima registró 45% de avance; San Luis Potosí, 41; Chiapas, con 40; Nuevo León y Morelos, con un porcentaje de 38%; Guerrero, 32; Sinaloa y Durango, con 29 y 26%, respectivamente.
El reporte nacional precisa que el número de dictámenes tampoco garantiza el cumplimiento de las medidas, tal como es el caso de Morelos y Nuevo León que, a pesar de contar con tres y dos dictámenes, alcanzan tan solo un 38% de avance.
Actualmente se cuentan con 21 declaratorias de AVG, en 18 entidades federativas, que suman un total de 632 recomendaciones.
Pese a que el artículo 30 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece que el mecanismo de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres implica un trabajo de coordinación entre la Secretaría de Gobernación con las entidades federativas y los municipios, en en Estado sólo se han registrado tres reuniones interinstitucionales sin que a la fecha existan informes sobre las medidas atendidas por parte del Gobierno del Estado, los poderes legislativo y judicial, así como municipios.
Por su parte, la Fiscalía General del Estado, se comprometió a transparentar los procesos de investigación para los casos de muertes violentas de mujeres y la revisión de averiguaciones previas y/o carpetas de investigación que se encuentren en reserva o con investigaciones pendientes, de un periodo de al menos cinco años atrás.